La Ley 30424 establece la responsabilidad administrativa autónoma de las personas jurídicas por determinados delitos, entre ellos el lavado de activos, el cohecho y la colusión. Autónoma significa que la empresa puede responder con independencia de que se determine la responsabilidad penal de la persona física que actuó.
La contrapartida es igual de importante: contar con un modelo de prevención adecuado, implantado antes de los hechos, puede eximir de responsabilidad a la persona jurídica o atenuar la sanción.
Lo que está en juego
Las consecuencias para una empresa van mucho más allá de la multa: inhabilitación para contratar con el Estado, suspensión de actividades, clausura de locales y, en los casos más graves, disolución. Para una compañía que trabaja con el sector público, la inhabilitación es la sanción que la cierra.
Un manual descargado de internet y firmado por el gerente no es un modelo de prevención. Lo que se examina no es el documento: es si el sistema estaba vivo, dotado de medios y realmente aplicado.
Qué se exige de un modelo que funcione
Identificación de riesgos reales
Un mapa de riesgos hecho sobre la actividad concreta de la empresa, sus contrapartes, sus mercados y sus puntos de contacto con la administración. Los mapas genéricos no resisten un examen.
Encargado de prevención con autonomía
Con capacidad real de decisión, acceso directo al máximo órgano de gobierno y medios suficientes. La autonomía formal sin medios es el defecto más común.
Procedimientos y controles
Control de pagos, diligencia debida sobre terceros y proveedores, política de regalos y hospitalidades, y trazabilidad de las decisiones sensibles.
Canal de denuncias
Accesible, con garantía de indemnidad para quien denuncia y con un procedimiento de investigación interna documentado.
Formación y evidencia
Formación efectiva y registrada. Si no hay evidencia de que se impartió y de quién asistió, a efectos probatorios no existió.
Supervisión y actualización
Revisión periódica y actualización tras cambios relevantes del negocio o incidencias detectadas. Un modelo congelado desde su aprobación pierde eficacia exoneradora.
Investigaciones internas
Cuando aparece una alerta, la reacción de las primeras semanas decide mucho. Una investigación interna bien llevada permite conocer el alcance real, adoptar medidas y, si procede, presentarse ante la autoridad con el trabajo hecho. Una mal llevada destruye prueba, vulnera derechos de los trabajadores y se vuelve contra la propia empresa.
Conducimos la investigación con criterio penal desde el primer día, no como un asunto de recursos humanos.
Por qué lo hacemos nosotros
Diseñamos modelos de prevención desde la perspectiva de quien después va a defender a la empresa en el proceso. Esa es la diferencia: no se trata de aprobar una auditoría, sino de que el modelo sostenga una eximente ante un juez.
Y cuando el asunto ya está abierto, coordinamos la defensa de la persona jurídica con la de los directivos, separando desde el principio unos intereses que divergen antes de lo que se cree. Lo tratamos también en defensa por lavado de activos.