El lavado de activos es, en el ordenamiento peruano, un delito autónomo: para investigar y condenar por él no es necesario que exista condena previa —ni siquiera proceso abierto— por el delito del que supuestamente proceden los bienes. Basta con acreditar el origen ilícito de los activos a partir de indicios.
Esa autonomía explica por qué acaban investigadas personas que jamás pensaron verse en un proceso penal: empresarios cuyo cliente resultó estar investigado, socios de sociedades con un accionista cuestionado, profesionales que cobraron honorarios de origen después discutido.
El expediente que de verdad se juzga
En estos procesos la discusión rara vez es jurídica. Es contable, registral y bancaria. Lo que se examina es el flujo del dinero: de dónde salió, por dónde pasó, en qué se convirtió y si el nivel de vida y el patrimonio son coherentes con los ingresos declarados.
Por eso la defensa técnica que solo discute la calificación jurídica pierde. La que gana es la que reconstruye el desbalance patrimonial que alega la Fiscalía y lo desmonta con documentación.
El desbalance patrimonial es la columna vertebral de la acusación. Si se explica documentalmente, el caso se cae. Si no se explica, ningún argumento jurídico lo compensa.
Los primeros días deciden el caso
La etapa de diligencias preliminares es donde se fija el terreno: se recopilan levantamientos del secreto bancario, informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, información registral y declaraciones. Lo que se declare ahí condiciona todo lo que venga después.
Es también el momento en que más errores se cometen: declarar sin haber revisado el expediente patrimonial propio, entregar documentación desordenada, o explicar de memoria operaciones de hace diez años. Cada inexactitud, aunque sea de buena fe, se convierte después en un indicio de ocultamiento.
Qué hacemos
Auditoría patrimonial previa a cualquier declaración
Antes de comparecer, reconstruimos el patrimonio y su origen. La declaración se prepara sobre documentos, no sobre recuerdos.
Defensa técnica en la investigación
Control de la legalidad de los levantamientos del secreto bancario y de las medidas de búsqueda de pruebas, oposición a medidas cautelares reales, y aportación ordenada de la prueba de descargo.
Contención del riesgo asociado
El lavado de activos casi nunca viene solo: suele acompañarse de un proceso de extinción de dominio sobre los bienes y, en el caso de personas jurídicas, de responsabilidad autónoma de la empresa bajo la Ley 30424. Los tres frentes se dirigen a la vez o se pierde en alguno.
Dimensión internacional
Cuando hay cuentas, sociedades o inmuebles en España, obtenemos y legalizamos la documentación a través de nuestros despachos aliados, y coordinamos la respuesta si existe cooperación judicial entre ambos Estados.
Empresas y directivos
Una compañía puede ser investigada por hechos cometidos por un directivo o incluso por un tercero vinculado. En esos casos hay que separar desde el principio la defensa de la empresa de la de las personas físicas: los intereses divergen antes de lo que se cree, y una defensa conjunta mal planteada perjudica a ambas.